28 Jul 2025
Crónicas del Poder
José Luis Pérez Cruz
-Unidad Especializada Antiextorsión: Una propuesta en el olvido
En Veracruz, la extorsión se ha convertido en un cáncer que carcome el tejido social, extendiendo sus metástasis por comercios, hogares y vidas. El reciente asesinato de Irma Hernández, una maestra jubilada de 62 años en Álamo Temapache, es un trágico reflejo de esta enfermedad que aqueja al estado.
Obligada a grabar un video para amenazar a taxistas con pagar "cuotas" a un grupo criminal, su muerte no solo es un lamento, sino una alarma ensordecedora sobre la urgencia de extirpar este mal.
Aunque las autoridades han detenido a presuntos responsables, ligados al grupo “Sombra” sigue ocupando el cuarto lugar nacional en extorsión, con 938 denuncias en 2024, un aumento del 62.28% desde 2018, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La tasa de 10.7 extorsiones por cada 100,000 habitantes en 2024 supera el promedio nacional de 7.8, evidenciando una crisis que no cede.
La reforma para incluir la extorsión como delito de prisión preventiva oficiosa es un avance, pero el verdadero desafío radica en la implementación.
Como señaló Huerta, “a veces la realidad nos gana”. Y en Veracruz, la realidad es un monstruo que devora vidas mientras las estrategias se debaten en el papel.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, promete operativos en cárceles, bloqueo de líneas telefónicas y congelamiento de cuentas, con Veracruz como uno de los ocho estados prioritarios que concentran el 66% de las extorsiones nacionales.
Sin embargo, los resultados son magros: solo 40 detenciones en 17 días, según el gobierno federal, en un país donde se reportaron 32,793 denuncias entre 2022 y 2024.
UNA PROPUESTA EN EL OLVIDO
El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos urge desde tiempos inmemoriales la creación de una Unidad Especializada Antiextorsión, una propuesta que debería replicarse en todo el estado. Pero más allá de las cifras y las promesas, el problema exige una cirugía profunda: desmantelar la colusión entre autoridades y crimen organizado, fortalecer la denuncia ciudadana y garantizar la protección de las víctimas.
Si no se actúa con firmeza, Veracruz podría consolidarse como un feudo del crimen organizado, donde la extorsión se normalice como un impuesto paralelo.
La reforma para incluir la extorsión como delito de prisión preventiva oficiosa es un avance, pero el verdadero desafío radica en la implementación.
Como señaló Huerta, “a veces la realidad nos gana”. Y en Veracruz, la realidad es un monstruo que devora vidas mientras las estrategias se debaten en el papel.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, promete operativos en cárceles, bloqueo de líneas telefónicas y congelamiento de cuentas, con Veracruz como uno de los ocho estados prioritarios que concentran el 66% de las extorsiones nacionales.
Sin embargo, los resultados son magros: solo 40 detenciones en 17 días, según el gobierno federal, en un país donde se reportaron 32,793 denuncias entre 2022 y 2024.
UNA PROPUESTA EN EL OLVIDO
El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos urge desde tiempos inmemoriales la creación de una Unidad Especializada Antiextorsión, una propuesta que debería replicarse en todo el estado. Pero más allá de las cifras y las promesas, el problema exige una cirugía profunda: desmantelar la colusión entre autoridades y crimen organizado, fortalecer la denuncia ciudadana y garantizar la protección de las víctimas.
Si no se actúa con firmeza, Veracruz podría consolidarse como un feudo del crimen organizado, donde la extorsión se normalice como un impuesto paralelo.
La impunidad, alimentada por la desconfianza en las autoridades (solo el 0.2% de las extorsiones se denuncia), perpetúa el ciclo de violencia. Un escenario alternativo requiere coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, inversión en inteligencia y una justicia que no solo castigue, sino que prevenga.
La sociedad civil, como lo destaca Huerta, debe ser parte del debate, exigiendo rendición de cuentas y seguridad.
La extorsión no es solo un delito, es una afrenta a la dignidad humana que requiere una respuesta integral.
No basta con detenciones reactivas o reformas legislativas; Veracruz necesita un compromiso político que priorice la seguridad sobre la retórica. El cáncer de la extorsión no se cura con paliativos, sino con una intervención audaz que devuelva la paz a sus habitantes.
La memoria de Irma Hernández y las cenizas de los negocios atacados exigen no solo justicia, sino un futuro donde el miedo no sea la moneda de cambio.