24 Jul 2025
Crónicas del Poder
- Los retos del Infonavit ante casi 50 mil casas en crisis
- Dos caras: Invasores y red de corrupción
En un país donde el derecho a una vivienda digna es un mandato constitucional, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta un laberinto de desafíos que pone en jaque su misión.
Durante su visita a Coatzacoalcos de pasado martes de Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, reveló una cifra alarmante: en Veracruz, 43,207 viviendas financiadas por el Instituto están “emproblemadas” —un término que engloba casas abandonadas, vandalizadas, ocupadas irregularmente o con créditos impagables.
A nivel nacional, el número asciende a 843,000, según datos recientes, evidenciando una crisis estructural que amenaza el patrimonio de millones de trabajadores y la estabilidad económica del país.
Este escenario, como un edificio con cimientos agrietados, exige una reconstrucción urgente para evitar el colapso.
El problema no es nuevo, pero su magnitud sí sorprende. Durante décadas, el Infonavit fue un pilar de la movilidad social, otorgando más de 12 millones de créditos hipotecarios desde su fundación en 1972, lo que lo convierte en el mayor prestamista hipotecario de América Latina.
Sin embargo, la política de vivienda de los años noventa y dos mil, que priorizó la construcción masiva de fraccionamientos en las periferias, dejó un legado de casas alejadas de centros urbanos, carentes de servicios básicos y con problemas estructurales.
En 2010, el abandono de viviendas alcanzó el 13.8% del parque habitacional nacional, equivalente a casi cinco millones de unidades. Hoy, las 843,000 viviendas problemáticas representan un desafío financiero —con un saldo pendiente de 70,000 millones de pesos en 2015— y social, al perpetuar el rezago habitacional de 2.8 millones de viviendas nuevas y 8.9 millones que requieren rehabilitación.
Las causas son múltiples. Muchas viviendas fueron construidas en zonas de difícil acceso, con transporte limitado y sin servicios esenciales como agua o electricidad, lo que llevó a los derechohabientes a abandonarlas.
Además, prácticas fraudulentas, como juicios irregulares, ventas múltiples de propiedades y cobros abusivos por despachos, han despojado a familias de sus hogares.
CONSTRUCTORAS Y COYOTES
Romero Oropeza denunció en Coatzacoalcos una red de corrupción que involucró a exfuncionarios, constructoras y “coyotes”, con más de 3,400 demandas presentadas. A esto se suma el problema de los créditos impagables: de 4.15 millones de derechohabientes con deudas, 915,000 han recibido reestructuraciones, pero muchos aún enfrentan tasas y mensualidades insostenibles.
La analogía es clara: el Infonavit es como un médico tratando de curar a un paciente con heridas crónicas mientras nuevas infecciones surgen.
La solución propuesta por Romero Oropeza incluye rehabilitar las 23,000 viviendas deshabitadas en Veracruz y regularizar las 145,000 ocupadas, muchas de forma irregular, mediante esquemas de renta con opción a compra.
Esta estrategia, aunque innovadora, ha generado controversia. Organismos como Coparmex y Concanaco critican que legalizar ocupaciones irregulares podría legitimar la ilegalidad y debilitar el derecho a la propiedad.
En contraste, el gobierno argumenta que los desalojos son costosos e ineficaces, y que la regularización beneficia a familias vulnerables sin afectar a los derechohabientes que siguen pagando.
LO QUE HACEN EN OTROS PAÍSES
Mirando al exterior, México podría aprender de experiencias como las de Chile, donde el programa “Vivienda Social” combina subsidios con planificación urbana para garantizar que las casas estén cerca de servicios y empleos.
En Brasil, las alianzas público-privadas han permitido rehabilitar viviendas abandonadas en favelas, integrándolas a la dinámica urbana.
En México, el programa Vivienda para el Bienestar, que planea construir 500,000 hogares en el sexenio, busca emular estos modelos, pero enfrenta retos como la falta de terrenos accesibles y la inseguridad en regiones como Veracruz, donde el crimen organizado complica los proyectos.
El futuro presenta dos caminos.
En el escenario optimista, el Infonavit logra rehabilitar y regularizar viviendas, construye hogares accesibles en zonas urbanas y fortalece la transparencia para erradicar la corrupción. Esto reduciría el rezago habitacional y devolvería la confianza en la institución.
En el escenario crítico, la falta de coordinación, la resistencia de grupos de interés y la insuficiencia de recursos podrían perpetuar el abandono y la ocupación irregular, agravando la crisis.
La pregunta que resuena es inquietante: ¿podrá el Infonavit transformar este laberinto de problemas en un camino hacia la vivienda digna, o seguirá atrapado en un ciclo de promesas incumplidas?
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