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| Xalapa, Ver. | 09 Ene 2024 - 23:35hrs

Jorge Vázquez Pacheco 
Fotos: César Pisil Ramos y SEA Derecho

Xalapa, Ver., 10/01/2024. Las experiencias de quienes tienen familiares desaparecidos, así como su tránsito entre la memoria y el dolor que les representa esta realidad, quedaron registradas en el libro Desaparición forzada y colectivos de búsqueda de personas en el norte de Sinaloa, de Erika Guadalupe Ramírez Valenzuela y Juan Antonio Fernández Velázquez, presentado de forma remota en la Universidad Veracruzana (UV).

La primera es maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Indígena de México, además de fungir como responsable de Enlace Operativo en la misma institución y Fernández Velázquez es doctor en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la UV.

La actividad, realizada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, fue coordinada por el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) y contó con la participación de las académicas Denisse Alejandra Gigi Ortiz Castillo, egresada de la Maestría en Ciencias Sociales de la UV; Rosa Hilda Rojas Pérez, docente en la Facultad de Derecho, así como de Sara González Rodríguez, presidenta del Colectivo Por la Paz Xalapa. 

Comentaron que el enfoque del libro es el rescate de la memoria de los colectivos de búsqueda. Si bien se centra en la experiencia del Colectivo Rastreadoras de Sinaloa, también aborda la problemática de la desaparición forzada en los estados de Guerrero, Jalisco y Veracruz. 

Las presentadoras destacaron el rigor metodológico y científico del documento, planteando la naturaleza de crimen de Estado de las desapariciones forzadas por la incapacidad de salvaguardar la vida de las personas. En cuatro capítulos, los autores abordan el fenómeno desde un ángulo que permite entenderlo, estudiarlo y buscar estrategias para la no repetición. 

Se mencionó que la desaparición forzada registra altos niveles de impunidad y la tarea de los colectivos buscadores es importante por la ineficiencia de las instituciones que deberían encargarse de investigar esos delitos. 

Aunque la ley castiga el secuestro, homicidio y desaparición forzada con penas de entre 40 y 60 años de cárcel, ello no resuelve el problema, por lo que más que apelar por grandes penas propusieron hablar de cultura de la prevención. 

Los estados con mayores índices de violencia son Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Guerrero; de allí la importancia de documentar los testimonios y compartir con gente que vive esto. En Veracruz, los colectivos localizan restos, realizan labores de peritos y enfrentan dificultades como la ilegalidad y la burocracia institucional. 

Sara González comentó en torno al calvario por el que atraviesan las madres buscadoras, pues descuidan a sus demás hijos y su hogar en la búsqueda de la persona desaparecida. A la par, soportan advertencias de autoridades que les recuerdan que pueden ser víctimas de represalias, lo que arroja la evidencia de que hay servidores públicos inmiscuidos. 

“Nos ocultan la verdad, inventan censos, hay miles y miles de cuerpos que hemos encontrado en fosas clandestinas y que no están registrados, no tienen nombre ni apellido. Hasta eso les borran.”